Coahuayana se opone al «mando único»

Por Valentina Valle y Heriberto Paredes / Video de Rafael Camacho

Poco más de un mes ha pasado de la firma, en Tuzantla, del acuerdo que establece el «Mando Único», acto con el cual el gobernador Silvano Aureoles Conejo reiteró su voluntad de arreglar los asuntos de seguridad en el estado y, sin embargo, Michoacán está a punto de colapsar nuevamente.

Empezamos nuestro recorrido en la meseta p’urh’epecha, donde la inconformidad de Nahuatzen con su alcalde, fruto de las fraudes electorales de junio pasado, mantiene al pueblo en estado de alerta desde hace ya varias semanas; seguimos en Uruapan, que nos recibió con un homicidio recién perpetrado y sus calles repletas de camionetas blindadas sin placas; pasamos por Tierra Caliente, después de que Simón «El Americano» liberara el paso del enésimo bloqueo, supuestamente colocado para blindar la zona y permitir la elección de un nuevo líder del crimen organizado; alcanzamos la Sierra-Costa, donde en Coalcomán una reunión entre la Fuerza Rural y los emisarios gubernamentales nos recordó la razón de que el comandante Felipe Díaz no estuviese en la junta, sino en una ofrenda en la explanada municipal; y llegamos a la Costa, donde el primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía, sigue encarcelado y quien ahora ha tomado las funciones tiene una orden de aprehensión, al igual que el comandante de Coahuayana, donde el presidente municipal presentó, entre las protestas de su propio pueblo, un nuevo aparato policiaco cuyos objetivos él mismo dio prueba de desconocer.

En cada región se respira tensión, inconformidad, temor por las represalias del crimen organizado y del propio estado. Pero también se respira unidad y resistencia, y la voluntad de no permitir que todos los logros de estos dos años de lucha desaparezcan por intereses particulares que no son los de la población. Estamos a principios de noviembre de 2015 pero viajando por Michoacán nos sentimos en mayo de 2014, cuando en los calendarios de las barricadas una marca roja evidenciaba el día 10, la fecha del desarme.

En este entonces, el gobierno federal quiso acabar con el movimiento de las autodefensas y, a través de la labor del comisionado Alfredo Castillo, en una cierta medida lo logró, legalizando algunos de sus integrantes e imponiendo la creación de la Fuerza Rural, Ciudadana e Indígena. Ahora, el mismo gobierno federal quiere acabar con lo que queda de este levantamiento popular armado, sin duda uno de los más controvertidos de los últimos años en México, y pretende lograrlo a través de la estrategia de seguridad presentada por Aureoles, con la supresión de dichas fuerzas creadas por Castillo y la implementación de una nueva policía estatal, regida por los lineamientos del mando único y supuestamente «confiable y limpia».

Escuchando al gobernador, la decisión resulta tomada y listas las primeras medidas para que se respete: el 5 de octubre los alcaldes electos recibieron el oficio con la convocatoria del acuerdo y la advertencia de que los que no respeten el plazo para certificar a sus mandos tendrían que aclarar sus razones ante la Procuraduría General de la República (PGR). La «recomendación» fue clara y el plazo corto, así que en seguida los presidentes municipales se apuraron en poner manos a la obra. Sin embrago, después de un mes de concertación, Michoacán resiste. Esta y otras «sugerencias» del mandatario estatal no intimidan a los integrantes del movimiento que, a pesar de la camiseta que ahora visten, siguen encontrando su razón de ser en la voluntad del pueblo y no en las imposiciones del gobierno. Si en su momento se pudo «calmar» a unos cuantos de los civiles armados que andaban sueltos por el estado, los sentimientos de rabia, dolor, hartazgo y sed de justicia de los michoacanos, nunca se pudieron encerrar en un uniforme y ahora están más fuertes que nunca.

En Coahuayana, la voz del pueblo reclama a las autodefensas y no a la policía militar 

«¿Esa es la preocupación del presidente de la república, del gobernador? ¿Mandarlos a ustedes [a la policía militar] para acá a levantar borrachos? ¿Es en serio?» le pregunta un ganadero originario del municipio michoacano de Coahuayana al teniente de infantería Ricardo Canseco Arias, encargado de la policía militar que recién llegó a la cabecera municipal el pasado 5 de noviembre. Convocados por el recién electo presidente municipal, Porfirio Mendoza, representantes de diversos sectores de la población de este costeño municipio, colindante ya con Colima, se reunieron la tarde del 6 de noviembre en las instalaciones del edificio de gobierno local; ahí, tras una escueta y mal preparada presentación, los dos tenientes de infantería del primer batallón de policía militar con sede en Lázaro Cárdenas, Alfonso Padilla Sánchez y el mencionado Ricardo Canseco Arias, trataron de explicar la presencia de un nutrido batallón de la policía militar mientras que el edil hacia lo propio respecto al mando único que el gobernador Silvano Aureoles le exigió imponer en la demarcación. Ambas explicaciones, fallidas. La población presente, incluido el comandante de las autodefensas –ahora fuerzas rurales– Héctor Zepeda, «Teto» y elementos similares de los municipios colindantes de Aquila y Chinicuila, rechazaron enérgicamente la presencia militar y la confusa estrategia del mando único.

Hay algunas cosas claras que se evidenciaron en este desafortunado encuentro. En primer lugar, la falta de coincidencia entre los intereses y preocupaciones de la ciudadanía que habita este municipio y los expresados, en voz del presidente municipal y de los tenientes de la policía militar, por el gobierno estatal y federal. Una notable distancia separa estas dos partes y deja mucho qué pensar del lado de los habitantes, sobre todo porque el contexto les da una lectura precisa y puntual de lo que acontece ahora y de las necesidades que tienen y que debería atender el Estado: la reactivación de la economía local tras el paso del huracán Patricia, sobre todo por la pérdida de cientos de miles de hectáreas de plantaciones y varias pérdidas en la infraestructura de las playas que sirven de soporte económico; la detención de varios de los principales líderes de la organización delictiva Los Caballeros Templarios que asolaron durante varios años la región costa y que aún siguen libres, sin siquiera una averiguación previa, pero que han sido señalados constantemente tanto por los habitantes de toda esta zona como por los grupos de autodefensas. A decir del propio comandante «Teto», «El Tena», «El 500», «Tío Pinto», «Chuy Playas», «El Güero Champú», Federico González «Lico» se encuentran entre la localidad de Huahua (Aquila) y Caleta de Campos (Lázaro Cárdenas) así como hacia la parte serrana rumbo al municipio de Aguililla, y por supuesto, en el estado vecino de Colima.

En segundo lugar, el debate desatado en esta reunión pone sobre la mesa una profunda desconfianza en los cuerpos de seguridad del Estado, la ciudadanía no alcanza a creer que la respuesta que se le da a sus exigencias sea la de un batallón de la policía militar que –en palabras de los tenientes– viene a «levantar borrachos, o sancionar gente que se orine afuera de las escuelas, maridos que les pegan a sus esposas, puras faltas administrativas»; además, el edil Porfirio Mendoza, «Pillo» asegura que ya tiene listos a los nuevos integrantes de la policía municipal, alrededor de 22 (porque no supo definir cuántos) elementos que aparentemente aprobaron exámenes de confianza aunque, por señalamientos de la misma población, estos mismos eran parte de la policía que encubrió y protegió a los Caballeros Templarios antes del levantamiento armado. Finalmente, el mando de la policía federal –quien también tiene presencia en Coahuayana– el comandante Santiago Mejía, asegura que su labor es también la de faltas administrativas aunque afirma que «si alguien me hace el enorme favor de señalarme a los verdaderos criminales, se lo agradecería mucho, porque la verdad, no los conozco».

La gente que asistió a la reunión, ganaderos, empresarios, tenderos, campesinos, estuvo de acuerdo en un punto central: existe un amplio consenso en que la seguridad debe quedar a cargo de las autodefensas, hoy fuerzas rurales, a cargo del comandante Teto, ya que ellos fueron los únicos que de verdad realizaron acciones para detener a los criminales que asolaron el municipio y la región costa, así como para desestructurar la organización templaria y sacarla de estos territorios; los habitantes de Coahuayana, en su mayoría, reconocen que son ellos quienes denunciaron el contubernio entre criminales y funcionarios y policías, y que hasta el momento no hay ninguna queja en contra de ellos, al contrario, son la única fuerza de seguridad en que se tiene confianza.

En una entrevista hecha al comandante Teto, éste afirmó que si hay todavía quienes busquen su desaparición como fuerzas de seguridad es porque «ya olvidaron cómo vivían hace tan sólo dos años, todo mundo vivía con miedo. Ahora esta gente que nos quiere quitar, ya perdió el miedo pero está olvidando la lucha y eso puede motivar a que regresemos a la situación anterior. El presidente municipal, además, es sobrino de Toño Mendoza, le administraba sus tierras y él es un reconocido templario, por eso Pillo insiste en seguir la orden del gobernador aunque no esté obligado a hacerlo si el pueblo le da otro mandato. El día que desaparezcamos nosotros, el alacranerío va a regresar y con más fuerza. No pasaría ni un mes para que empezara a haber muertos y desaparecidos si nos vamos».La costa michoacana está compuesta por los municipios de Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. En los primeros dos existe una coordinación entre los grupos de autodefensas o fuerzas rurales y la policía comunitaria de Santa María Ostula y de San Pedro Naranjestil, así como la integración de los grupos de Chinicuila, como las autodefensas de Huizontla, y de un sector de Coalcomán, juntos conforman un amplio grupo que está llevando a cabo las labores de seguridad como patrullaje, atención a la ciudadanía, sin embargo, también llevan a cabo la investigación necesaria para detectar a integrantes de los Caballeros Templarios y determinar sus movimientos y sus intentos por reorganizarse; es gracias a ello que la costa, por lo menos hasta la localidad de Huahua (un poco después de la conocida playa de Maruata) se mantiene tranquila, comienza a restablecerse la vida que estuvo interrumpida por el crimen organizado durante varios años en que eran las extorsiones, los asesinatos y las desapariciones los rostros de la vida cotidiana.

La estrategia de seguridad que dibuja impositivamente Silvano Aureoles reconoce en el discurso lo que han hecho las autodefensas y policías comunitarias de la región costa, de inmediato se puede notar que el interés es retomar el control de la zona para imponer un orden hasta cierto punto ilegítimo, ya que no cuenta con la participación ni de la población ni de los grupos que hasta el día de hoy garantizan la tranquilidad. Es más, los intentos del gobierno estatal por imponer el llamado «mando único» (que en palabras de las fuerzas rurales se le conoce como «el único que va a chingar») tratan de echar tierra sobre las graves faltas y ataques que el ejército y la marina han realizado en contra de la población, basta mencionar el caso del asesinato de Idelberto Reyes García, niño que murió a causa de una bala disparada por el ejército el pasado 19 de julio en un ataque en contra de la comunidad de Santa María Ostula que buscaba, además la detención de Cemeía Verdía quien continúa preso hasta ahora.

Tal actitud del gobierno de Aureoles genera desconfianza entre la gente, entre las fuerzas rurales y entre las policías comunitarias. Para la gente de a pie no se han visto que el Estado detenga a los responsables de tantos horrores, como dice un habitante de Coahuayana, «Pueden orinar lo que quieran en la calle, pero que no me secuestren que no me roben, que no me pidan cuota, esa es la gravedad de este asunto, antes había muertos por donde quiera, no que borrachos o cosas así, eso es tolerable». No hay una aplicación de justicia que ayude a la reconstrucción del tejido social.

Claramente, el presidente municipal de Coahuayana, Porfirio Mendoza, «Pillo» responde a las características que favorecen al gobierno de Aureoles, es decir, se trata de un funcionario a modo: débil, manipulable y con un alto desconocimiento de las demandas de la población; incluso carga con el peso de un posible fraude las elecciones pasadas, algo que se dice mucho entre la gente pero que no se reconoce oficialmente. Por eso, al verse cuestionado en esta reunión, no pudo responder claramente a las inquietudes de la gente que él mismo convocó, no pudo tampoco mostrarse del lado de la gente al momento en que ésta cuestionaba a la policía militar, su presencia y el gasto público que ésta genera. Se limitó a repetir que eran órdenes del gobernador y que todo estaba bien, que empezando la semana se repartirían unas hojas con toda la información sobre el «mando único» que tantas molestias y conflictos ha causado en todo el estado. La última noticia que tuvimos de él fue la solicitud que hizo para obtener una licencia y ausentarse del cargo hasta no tener «condiciones para gobernar».

Para las y los habitantes de Coahuayana queda un resentimiento porque han sido testigos de cómo las autodefensas y las fuerzas rurales han pedido constantemente apoyo al gobierno estatal para poder realizar las labores de seguridad y nunca se les ha concedido nada, sin embargo, a la llegada de la policía militar de inmediato se les otorgan patrullas municipales para patrullar, un espacio para que se establezcan y equipamiento necesario; por otro lado, la población también denunció que «la policía federal no salen a patrullar, no se ensucian y se duermen temprano».

Entre las necesidades que las personas plantearon están, además de la reactivación de la economía y apoyos para el campo, las acciones necesarias para localizar a cientos de desaparecidos que aún son buscados por sus familias y la consolidación de procesos de justicia que lleven a esclarecer las responsabilidades de todos los delitos cometidos en tantos años de dominio del crimen organizado. Algunos integrantes de las fuerzas rurales, así como los comandantes de Aquila, Santa María Ostula y San Pedro Naranjestil, señalaron que el presidente municipal de Coahuayana, al igual que el resto de los ediles michoacanos no está obligado a implementar el mando único pese a las amenazas que el propio Aureoles lleva a cabo, como en el caso de Chinicuila, en donde el gobernador aseguró que de no aceptarse el mando único se cancelarían los apoyos a los programas pensados para beneficiar a la población y se restringiría el presupuesto municipal.

El comandante general de la policía comunitaria de Santa María Ostula, Germán Ramírez, presente en la reunión en respuesta a la estrategia de equipo que hasta ahora han llevado los distintos municipios costeños, teme que esta necesidad de imponer el mando único tenga el único fin de «encerrar a la comunidad de Ostula, el principal foco de resistencia y de lucha contra el crimen organizado en la región, y en donde se está construyendo un proceso social que está basado en las necesidades de la comunidad». Señaló también que con esta actitud de parte del gobierno de Silvano Aureoles queda claro que «los Templarios van de la mano del gobierno del estado. Son los mismos pero con otros uniformes». Finalmente, al ver los varios intentos que ha tenido, tanto la administración anterior como esta nueva, para frenar los procesos de autonomía y seguridad comunitaria, el comandante Germán, afirmó que no hay vuelta atrás, no habrá rendición ni la aceptación de ofertas económicas ya que «a muchos de los que están en el movimiento les ha costado el sufrimiento de haber perdido familiares, a mi me costó la vida de mi padre y con eso no se negocia, así que no queda de otra, se trata de quedar en la batalla o de darle pa’delante a la historia».

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