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La situación de los defensores de los derechos humanos en México

Comprometidos con el activismo civil, numerosos defensores de los derechos humanos así como organizaciones locales e internacionales están activos en México. Sin embargo, cabe mencionar que dichas entidades enfrentan considerables riesgos personales, incluyendo acoso y ataques verbales o físicos pues demuestran una tajante oposición contra los intereses de poderosas agencias gubernamentales, grupos militares y compañías privadas así como estatales.

Una lucha sin cuartel

La situación de los defensores de los derechos humanos en México es bastante crítica en la actualidad. Informes publicados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México han revelado que entre noviembre del 2010 y diciembre del 2012, más de 80 de estos funcionarios han sido víctimas de ataques.

En muchos casos, se han registrado testimonios de testigos así como teléfonos celulares rastreados que constituyen una clara evidencia de que existen agentes de estado involucrados en las agresiones contra los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de la existencia de tales registros, nunca se ha procedido a la condena formal de los involucrados.

A fin de mejorar la situación, en el transcurso del año 2012 se aprobó una Ley de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas. No obstante, informes estadísticos realizados por diversas entidades demuestran la falta de implementación y efectividad de tal regulación.

En defensa de una sociedad libre de violencia y delincuencia

Los defensores de los derechos humanos que fueron atacados se han dedicado de manera incansable a defender un trato más humano para los migrantes, pueblos indígenas, mujeres y otras víctimas de violencia.

Estas personas también han aunado esfuerzos para defender los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Si bien los perpetradores siguen siendo desconocidos en la mayoría de los casos, la evidencia preliminar sugiere que los actores no estatales son responsables de la mayoría de los ataques.

No obstante, se identificó la participación, por acto u omisión, de funcionarios públicos en más del 20% de los casos registrados.